Política

El 54% de uruguayos rechaza la ley de imprescriptibilidad

LA MAYORÍA CREE QUE SE DEBERÍA TERMINAR CON ESTA ETAPA DECLARANDO UNA AMNISTÍA

La mayoría de la población no está de acuerdo con la ley aprobada la semana pasada en el Parlamento con los votos del Frente Amplio, que determina que no prescriban los delitos cometidos durante la dictadura militar.

El martes 25 de octubre, el Parlamento por mayoría simple, con los votos del FA, aprobó una ley por la cual (en su artículo 1º) se restablece la pretensión punitiva del Estado y en su artículo 2º se determina que no se computará plazo alguno, procesal de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de la ley, para los delitos que refiere el artículo 1º. Es decir, que el artículo 1º, en la práctica, deroga la ley de Caducidad la cual ya no estará más en nuestro ordenamiento jurídico y en el artículo 2º, deja sin efecto dicha ley desde el momento de su aprobación por el Parlamento (22 de diciembre del 86) hasta la fecha, por lo cual resulta en una especie de anulación de la ley de Caducidad en cuanto a computar plazos. El artículo 3º, otorga efecto retroactivo a los acuerdos del foro de Roma, del 2002, que incorporaba los delitos de lesa humanidad en nuestro ordenamiento jurídico y que había sido votado por todos los partidos.

Como se recordará, luego de la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, en 1986, se recolectaron firmas para derogar dicha ley vía referéndum, la cual fue ratificada por la ciudadanía en abril del 98. Luego de un período de 7 años, donde el tema parecía saldado, familiares de desaparecidos y algunos sectores políticos vuelven a colocar el tema sobre la mesa, con denuncias judiciales amparadas en el artículo 4º de la ley que habilitaba al Ejecutivo a determinar si ese delito estaba o no amparado por la ley de Caducidad. Durante el 2º gobierno de Sanguinetti, y el de Jorge Batlle el Ejecutivo no habilitó la investigación de ningún caso aunque se realizaron investigaciones administrativas. En el gobierno de Batlle se fue más allá, creándose una Comisión para la Paz, de amplio espectro político, que investigó sobre el tema de los desaparecidos, terminando por reconocer la responsabilidad del Estado en dichas desapariciones y avanzando sustancialmente en conocer la verdad de lo ocurrido con el terrorismo de estado. Ya en el primer gobierno del FA, se habilitaron muchas causas y fueron procesados varios integrantes del gobierno de facto, entre ellos Juan Ma. Bordaberry y Gregorio Álvarez, así como investigaciones en predios militares de la denominada “Operación Zanahoria”. Con esto muchos hechos fueron conocidos públicamente. Sin embargo, algunos sectores insistieron en seguir adelante y juzgar a todos los posibles responsables de delitos cometidos durante la dictadura. Junto a las elecciones del 2009, se plebiscitó la anulación de la ley de Caducidad, es decir dejarla sin efecto retroactivamente, no alcanzándose los votos necesarios para anularla. A principios de este año, el FA contando con mayoría en el Parlamento intentó, por la vía de una ley, llegar al resultado de la anulación que no se había logrado en las elecciones del 2009. Sin embargo, con la disidencia de uno de sus miembros no logró la aprobación en Diputados. 

Cuando parecía que todo llegaba a su punto final, esta nueva ley con otro formato jurídico logra todos los votos de la bancada frentista y se termina por anular la ley. Dado que los pronunciamientos de la ciudadanía han sido materia de diversas interpretaciones, más allá de los resultados de plebiscitos o referéndum, hemos entendido oportuno conocer la opinión de los uruguayos sobre estos temas.

TEMAS QUE PREOCUPAN

Cuando se pregunta por los temas de mayor preocupación para los uruguayos, nuevamente la seguridad pública se ubica en el primer lugar con el 75% del total de menciones. Sí sorprende, aunque relativamente, la ubicación en segundo lugar de la educación como problema, con más del 50% de las menciones. El tercer lugar es para la economía, los bajos salarios y el desempleo (40%) de las menciones totales, luego la preocupación de los entrevistados se centra en la salud (20%), las drogas (10%), la pobreza (6%), la crisis de valores (85%) y los impuestos (3%), entre otros de menor significación.

Sobre una lista corta de temas, de muy diversa índole, donde se solicita al entrevistado que puntúe cada uno de ellos en una escala del 1 al 10, según el orden de importancia que les asigna, la violencia doméstica (que no fue mencionada en la pregunta anterior) ocupa el 1º lugar con un promedio de 9,2, en segundo término el Irpf y el IAF (8,4), luego la limpieza de las calles (8,2) y con menor importancia la despenalización del aborto y juzgar a los militares que cometieron delitos durante la dictadura. Es de destacar que con la excepción del Irpf que es mencionado por el 2% en la pregunta anterior (espontánea) los otros 4 no tuvieron ninguna mención.

LA PRESCRIPCIÓN

Si bien la presente encuesta fue realizada pocos días antes de aprobarse la ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura, la pregunta de Interconsult apunta al tema central de la misma. El 57% de los entrevistados afirman estar de acuerdo con dejar sin efecto (art. 1º de la ley) la caducidad punitiva del Estado, mientras que el 39% se muestra en desacuerdo. Montevideanos, frentistas, estratos medios y altos, así como los más jóvenes son los más partidarios con la derogación de la ley de Caducidad. 

Sin embargo, el 54% de las personas mayores de 16 años no acompañan la presente ley que anula los efectos de la caducidad en cuento a la computabilidad de los plazos en el caso de delitos de estado durante la dictadura, contra la opinión del 44% que dice estar de acuerdo. Casi la mitad de los montevideanos y las dos terceras partes de los votantes frentistas están de acuerdo con la ley sobre prescripción de delitos, así como los estratos medios (47%) y los más jóvenes (76%). En contra de la ley se ubica el 57% de los residentes en el interior, el 78% de los votantes blancos y colorados los estratos menos educados (57%) y los mayores de 60 años (63%).

Pero las preguntas de Interconsult fueron más allá, preguntando la opinión sobre cómo debería continuarse con este tema. En este sentido, se plantean dos alternativas (aunque pueda haber otras), continuar con los juicios a los militares o decretar una amnistía. Una mayoría del 55% se inclina por la segunda alternativa y el 35% por continuar con los juicios. Si bien un 55% de los frentistas prefiere continuar con los juicios, un 35% cree que se debe amnistiar, mientras que entre los votantes de los PP.TT. el 80% se inclina por la amnistía.

FICHA TÉCNICA

Encuesta realizada por Interconsult entre los días 21 y 23 de octubre del 2011, de acuerdo a las siguientes características:

Universo: Personas mayores de 16 años, de ambos sexos, residentes en localidades mayores de 5.000 habitantes en todo el país, pertenecientes a hogares con teléfono fijo. 

Tamaño de muestra: 800 hogares.

Diseño muestral: muestra probabilística, por conglomerados, bietápica, estratificada por zonas y nivel socioeconómico. 

Error máximo de muestreo, en base a una confiabilidad del 95%: +/- 3.3%.

Las entrevistas fueron realizadas en forma personal

Preguntas: 

1)¿Cuáles cree Ud. que son los 4 temas principales que se deberían resolver en nuestro país?

2) Como Ud. sabe, está a estudio del Parlamento una ley que declara derogar la ley de Caducidad y no computar los plazos de vigencia de dicha ley para los delitos comprendidos hace más de 20 años, por lo cual se establece una excepción en la prescripción de delitos para aquellos cometidos durante la dictadura. ¿está o no de acuerdo dejar sin efecto la ley de Caducidad? 

3)¿Y está o no de acuerdo con hacer una excepción para estos delitos y juzgar a quienes cometieron algún delito en ese período? 

4) Según su opinión, ¿qué debería hacerse: juzgar a los militares o dar por terminada esa etapa y decretar una amnistía?

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